Río Blanco
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Proyecto Río Blanco en Azuay
El 8 de mayo del 2018 una serie de hechos violentos pusieron en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua en la Parroquia de Molleturo, en el Proyecto Río Blanco al sur de Ecuador.
El proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A., este proyecto afecta aproximadamente 5000 ha. en la zona del páramo del Macizo del Cajas que fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO; cabe mencionar que una parte de la concesión minera de esta empresa está dentro del Parque Nacional Cajas, lo cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas.
Desde hace varios años las comunidades de la zona denuncian la afectación del agua por los impactos de la actividad que está en fase de explotación, piden la salida de la empresa y que se efectivice la extinción de las concesiones mineras. Esta concesión hace parte de aquellas extintas por el Mandato Minero de 2008.
En este contexto, las comunidades de la parroquia Molleturo en el marco del ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia, realizaron medidas de hecho para presionar la salida de la empresa minera de su territorio. Como respuesta el Estado ha dispuso la intervención de fuerzas especiales para reprimir la protesta social.
Los habitantes de Río Blanco denunciaron que, miembros de la seguridad privada y los propios trabajadores de la empresa minera ejercieron actos de violencia en contra de los pobladores. Como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y empresa, decenas de personas fueron perseguidas, se allanó viviendas de pobladores identificados como opuestos a la minería, se dieron detenciones arbitrarias.
Frente a esta ola de violencia generada por la imposición de proyectos mineros la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento público hizo un llamado reconoció entre otras cosas que:
En la mencionada parroquia, se llevan adelante proyectos de explotación minera, y desde hace algunos años, personas que forman parte de las comunidades han denunciado diversas afectaciones a sus derechos, principalmente relacionadas a la inadecuada implementación de procesos de consulta previa libre e informada, consulta ambiental, y afectaciones a derechos laborales. (http://www.dpe.gob.ec/pronunciamiento-de-la-defensora-del-pueblo-en-relacion-a-los-hechos-de-rioblanco-parroquia-molleturo/)
La falta de Consulta a la comunidad de Río Blanco fue fundamentada en la Acción de Protección, presentada por la comunidad, como resultado el juez Paúl Serrano dictaminó el 1 de junio del 2018 bajo sentencia favorable la ordenó la suspensión de todas las actividades mineras en la zona, que se retire la presencia militar y que se cumpla con la consulta previa a las comunidades.
En la primera semana del mes de agosto de 2018, la Corte Provincial de Azuay ratificó esta sentencia, pero además aclaró que no era necesario hacer una nueva consulta en Molleturo, pues en la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018, esta parroquia aprobó con 67.80% la pregunta 5 que prohíbe de la minería metálica en todas sus fases, en zonas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.