Minería Aurífera Esmeraldas
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La minería artesanal del oro como forma de sustento de vida en la provincia de Esmeraldas se realiza desde el periodo de la colonia; sin embargo, en la década de los ochenta, después de un largo periodo de minería informal artesanal, personas con mayor capital deciden ingresar en la explotación del mineral modificando las lógicas familiares, comunitarias, sociales, económicas y ambientales que se generaban en torno a esta labor. Entonces, la actividad de explotación de este mineral entra en los márgenes de ilegalidad por dos razones principales: las condiciones estructurales que desde la colonia generan una situación de exclusión racional y una legislación minera hecha bajo una lógica ajena a la realidad de Esmeraldas.
En la última década del siglo XX llegan grupos paramilitares y guerrilleros de las FARC-EP del departamento de Nariño (Colombia) que generan nuevas dinámicas económicas, de posesión de la tierra y de explotación aurífera en el norte de la provincia. Con el incremento internacional del precio del oro que se da en 2006 también aumenta la maquinaria móvil para la extracción del metal. Este método además aumentar la degradación del paisaje conlleva el uso de nuevos agentes químicos que generan daños al ambiente y a los medios de vida de la población.
La existencia de un Estado impune en Esmeraldas genera un contexto para que la población permanezca a la deriva de los actores que llegan a controlar o explotar el territorio. Esta situación cambia en 2010 cuando las comunidades manifiestan las afectaciones que les genera la minería aurífera.
A raíz de la denuncia y diferentes investigaciones ambientales en 2011 un Juez de garantías de San Lorenzo dicta medidas cautelares contra la minería ilegal en donde una variedad de ministerios deben intervenir para controlar las afectaciones que ésta genera en la población y frenar su desarrollo. Ante el incumplimiento de las medidas cautelares, en 2018 un nuevo juez ordena detener cualquier tipo de minería (legal e ilegal). En abril de 2019 diferentes organizaciones oficiales y sociales presentaron una nueva acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Al mes de agosto de 2019 la la población continúa perjudicándose por las externalidades que genera la explotación de oro en la región.