Minería Napo

La conflictividad generada por la actividad minera en la provincia de Napo, Amazonía ecuatoriana data de 2003 cuando ingresó al cantón Arosemena Tola el Proyecto Aluvial Tena, encaminado por la empresa de capitales canadienses Hampton Resources Ecuador S.A. En la región prevista para la exploración y explotación minera aluvial se asientan las comunidades Kichwa de Tzawata, Ila y Chukapi.

Las mencionadas comunidades han sufrido, desde inicios del siglo XX, diversos procesos de despojo territorial, que comenzaron por el establecimiento de un régimen hacendatario, bajo la premisa de ser consideradas como tierras baldías. Posteriormente el territorio fue adjudicado a la Misión Josefina para ser disgregado en lotes que al candor de las Reformas Agrarias de los sesenta y setenta regresaron, en muchos de los casos, a las manos de sus antiguos tenedores. En este contexto el territorio fue fácilmente adjudicable a las empresas mineras.

En 2006 la empresa cambia de nombre debido a un cambio en su estructura societaria y pasó a denominarse como Merendon del Ecuador S.A., subsidiaria de la canadiense Merendon Mining Corporation. Hacia 2008 las comunidades deciden retomar la Hacienda Ila, de 627 hectáreas de área, bajo la premisa de recuperar su territorio ancestral en un momento en que existía un vacío en el control del territorio dada la salida de Merendon en el contexto del Mandato Minero.

En 2010 la Policía Nacional y el Ejército ingresaron a la comunidad con el fin de desalojarla bajo la premisa de considerar a los habitantes como invasores.

En 2011 se produce un nuevo cambio de nombre y de estructura societaria. Terra Earth Resources S.A., de capitales chinos tomó la posta en el proyecto minero. Durante este período la comunidad estuvo avocada a demostrar su ancestralidad territorial. Esto con el fin de que el Estado reconozca el territorio en disputa como territorio indígena.

En 2020 la empresa presenta un Estudio de Impacto Ambiental expost que contra la legalidad fue aprobado por el entonces Ministerio de Ambiente y Agua. En el mencionado informe se establece la ampliación del territorio a explotar. Esto generó la movilización de los sectores contrarios a las actividades mineras. En octubre el Gobierno Nacional ordenó la suspensión de las actividades mineras de Terra Earth Resources S.A. debido a las graves afectaciones ambientales generadas. En este punto, las actividades formales se combinaban con actividades ilegales.

Esto generó un vaciamiento en el manejo del territorio, vaciamiento que fue cubierto por mineros informales que establecieron un sistema paraestatal de control territorial. Entre 2021 y 2022, miles de personas se volcaron a realizar actividades mineras ilegales ligadas a otras actividades ilícitas. En febrero de 2022 la zona fue militarizada y las actividades mineras suspendidas en toda la provincia.