Hoy 10 de julio de 2019, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional llamó a comparecer a los Ministros de Ambiente y de Energía, así como la Secretaria de Derechos Humanos, en relación al Decreto 751 que reduce la protección de los pueblos indígenas aislados del Yasuní. En la comparecencia participaron también organizaciones sociales de Shushufindi, indígenas de Napo y Puyo, la CONFENIAE, así como Yasunidos, Acción Ecológica y el Colectivo de Geografía Crítica.
Tras la comparecencia en junio en la que pudimos exponer los detalles de lo que está sucediendo en el Yasuní, la Comisión de Biodiversidad ha pedido información precisa a los tres ministros llamados. Comenzó el Ministro del Ambiente Marcelo Mata, que no supo explicar a la Comisión los criterios utilizados por su ministerio para la delimitación de nueva Zona Intangible, o por qué se está permitiendo la explotación de forma inconstitucional en su Zona de Amortiguamiento. Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, como Asambleísta por un día, formuló la necesidad de considerar inconstitucional al conjunto del Decreto 751, así como instó a la Comisión de Biodiversidad a que haga sus visitas de seguimiento al Parque Nacional Yasuní con equipos técnicos que puedan realizar un análisis en profundidad de los daños ya ocasionados.
En su comparecencia @Marcelo_MataG Ministro del Ambiente, reconoce la inconstitucionalidad del #Decreto751 y sugiere la derogatoria del segundo inciso del Art. 3: excepción de instalar plataformas de perforación y producción de hidrocarburos. #YasuniITTpic.twitter.com/h7UUJWvXk8— Com. Biodiversidad (@BiodiversidadAN) 10 de julio de 2019
Continuaron el Ministro de Energía Carlos Pérez con la explicación exigua sobre el Decreto 751, así como estuvo explicando sobre la represa en el río Piatúa, los derrames en Chontapunta o la apertura petrolera del Bloque 28. El Ministro llegó a asegurar, sin fundamento, que la Zona de Amortiguamiento ya podía ser explotada, lo cual fue sorprendente para la audiencia. Por último, la Secretaria de Derechos Humanos Consuelo Chacón explicó sobre la presencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en el área.
Marlon Santi, de la CONFENIAE, habló sobre la no consulta previa a los pueblos afectados en el Río Piatúa y su carácter ancestral. Alcívar Erique Campoverde mostró su malestar ante la contaminación producida por la actividad petrolera, y la falta de atención gubernamental a los efectos negativos de la misma,. Cristian Aguinda, Presidente de los Pueblos Originarios de la Nacionalidad Kichwa del cantón Santa Clara, explicó que el funcionamiento de la Hidroeléctrica Genefran podría derivar en un eventual etnocidio por violentar sus territorios ancestrales.
Manuel Bayón, del Colectivo de Geografía Crítica formuló preguntas sobre la validez científica de considerar solamente las áreas deforestadas como áreas intervenidas cuando los Estudios de Impacto Ambiental ya establecen el ruido, agua, suelos y aire como variables de intervención directa. También preguntó sobre cómo se había aplicado la participación de la sociedad civil en la elaboración del Decreto y si sus recomendaciones habían sido plasmadas en el mismo, haciendo un llamamiento a la transparencia de los análisis realizados en el Yasuní sobre el área. También señaló que las Plataformas Ishpingo A y B también afectarían a la Zona de Amortiguamiento de la ZITT, por lo que sería también inconstitucional su explotación.
Cerró Pedro Bermeo, de Yasunidos, indicando a la Secretaria de Derechos Humanos que sus informes contienen señales de presencia en los bloques 31 y 43, y que la Dirección de Pueblos en Aislamiento dimitió al completo por considerar que el Decreto 751 era contrario a los informes elaborados por la misma. Lamentablemente, la ronda de preguntas a los ministros desde la sociedad civil tuvo una escasa atención en las respuestas de los dos últimos ministros.
Como conclusión, los ministros de Ambiente y Energía mostraron una total confusión respecto a que la Zona de Amortiguamiento es parte integrante de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, y que su apertura a la explotación petrolera pone al Ecuador en serio riesgo de cometer crímenes contra los Pueblos Indígenas Aislados. La resolución final de la Comisión de Biodiversidad fue votar por unanimidad a favor de que sea derogado el Decreto 751, lo que sumado al reconocimiento de inconstitucionalidad del mismo del Ministro del Ambiente, supone un duro golpe a la posibilidad de ampliar a Ishpingo la explotación petrolera.
Hoy 10 de julio de 2019, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional llamó a comparecer a los Ministros de Ambiente y de Energía, así como la Secretaria de Derechos Humanos, en relación al Decreto 751 que reduce la protección de los pueblos indígenas aislados del Yasuní. En la comparecencia participaron también organizaciones sociales de Shushufindi, indígenas de Napo y Puyo, la CONFENIAE, así como Yasunidos, Acción Ecológica y el Colectivo de Geografía Crítica.
Tras la comparecencia en junio en la que pudimos exponer los detalles de lo que está sucediendo en el Yasuní, la Comisión de Biodiversidad ha pedido información precisa a los tres ministros llamados. Comenzó el Ministro del Ambiente Marcelo Mata, que no supo explicar a la Comisión los criterios utilizados por su ministerio para la delimitación de nueva Zona Intangible, o por qué se está permitiendo la explotación de forma inconstitucional en su Zona de Amortiguamiento. Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, como Asambleísta por un día, formuló la necesidad de considerar inconstitucional al conjunto del Decreto 751, así como instó a la Comisión de Biodiversidad a que haga sus visitas de seguimiento al Parque Nacional Yasuní con equipos técnicos que puedan realizar un análisis en profundidad de los daños ya ocasionados.
Continuaron el Ministro de Energía Carlos Pérez con la explicación exigua sobre el Decreto 751, así como estuvo explicando sobre la represa en el río Piatúa, los derrames en Chontapunta o la apertura petrolera del Bloque 28. El Ministro llegó a asegurar, sin fundamento, que la Zona de Amortiguamiento ya podía ser explotada, lo cual fue sorprendente para la audiencia. Por último, la Secretaria de Derechos Humanos Consuelo Chacón explicó sobre la presencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en el área.
Marlon Santi, de la CONFENIAE, habló sobre la no consulta previa a los pueblos afectados en el Río Piatúa y su carácter ancestral. Alcívar Erique Campoverde mostró su malestar ante la contaminación producida por la actividad petrolera, y la falta de atención gubernamental a los efectos negativos de la misma,. Cristian Aguinda, Presidente de los Pueblos Originarios de la Nacionalidad Kichwa del cantón Santa Clara, explicó que el funcionamiento de la Hidroeléctrica Genefran podría derivar en un eventual etnocidio por violentar sus territorios ancestrales.
Manuel Bayón, del Colectivo de Geografía Crítica formuló preguntas sobre la validez científica de considerar solamente las áreas deforestadas como áreas intervenidas cuando los Estudios de Impacto Ambiental ya establecen el ruido, agua, suelos y aire como variables de intervención directa. También preguntó sobre cómo se había aplicado la participación de la sociedad civil en la elaboración del Decreto y si sus recomendaciones habían sido plasmadas en el mismo, haciendo un llamamiento a la transparencia de los análisis realizados en el Yasuní sobre el área. También señaló que las Plataformas Ishpingo A y B también afectarían a la Zona de Amortiguamiento de la ZITT, por lo que sería también inconstitucional su explotación.
Cerró Pedro Bermeo, de Yasunidos, indicando a la Secretaria de Derechos Humanos que sus informes contienen señales de presencia en los bloques 31 y 43, y que la Dirección de Pueblos en Aislamiento dimitió al completo por considerar que el Decreto 751 era contrario a los informes elaborados por la misma. Lamentablemente, la ronda de preguntas a los ministros desde la sociedad civil tuvo una escasa atención en las respuestas de los dos últimos ministros.
Como conclusión, los ministros de Ambiente y Energía mostraron una total confusión respecto a que la Zona de Amortiguamiento es parte integrante de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, y que su apertura a la explotación petrolera pone al Ecuador en serio riesgo de cometer crímenes contra los Pueblos Indígenas Aislados. La resolución final de la Comisión de Biodiversidad fue votar por unanimidad a favor de que sea derogado el Decreto 751, lo que sumado al reconocimiento de inconstitucionalidad del mismo del Ministro del Ambiente, supone un duro golpe a la posibilidad de ampliar a Ishpingo la explotación petrolera.